La defensa del ambiente sigue cobrándose vidas en América Latina

La defensa del ambiente sigue cobrándose vidas en América Latina

por Gonzalo Gutiérrez Nicola – El asesinato de Lesbia Yaneth Urquía el pasado 7 de julio es el episodio más reciente de una escalada de violencia contra líderes y referentes comunitarios que defienden el ambiente en Honduras. El país centroamericano ya había sido escenario de otro crimen similar cuando, semanas antes, el 3 de marzo de 2016, la dirigente indígena Berta Cáceres apareció asesinada pocos días después de haber denunciado el homicidio de cuatro integrantes de su comunidad.
Berta y Lesbia eran de origen lenca, una etnia indígena que desde hace mucho tiempo viene defendiendo sus derechos frente a emprendimientos mineros y madereros que avanzan sobre su territorio, y más recientemente dirigían su lucha frente al proyecto de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca sobre el río Gualcarque.

Desde el primer momento la comunidad lenca apuntó a la responsabilidad del gobierno hondureño y a la empresa DESA, la encargada del proyecto, por los crímenes y las persecuciones contra los indígenas, así como por la impunidad con que esos delitos fueron perpetrados.

Los asesinatos de Berta y Lesbia ocurrieron en el país que en 2015 ya había sido calificado como el más peligroso para ser un defensor del medio ambiente: en un período de poco más de una década (2002-2014) se produjeron en Honduras 110 asesinatos de ambientalistas. [1]

Además de analizar las particularidades de cada país y las condiciones que generan que estos crímenes se produzcan, los asesinatos y la violencia contra referentes ambientalistas también deben ser analizados en una escala regional. Es que los gobiernos latinoamericanos de la mano de empresas extranjeras y nacionales han profundizado estrategias de desarrollo que ocasionan severos impactos sociales y ambientales que son resistidos por las comunidades locales. Y es justamente esa resistencia lo que se busca quebrar de diversas formas, entre las que juega un rol importante la violencia. No es casualidad que América Latina lidere el vergonzoso ranking mundial de crímenes de ambientalistas.

Un reciente informe de la organización Global Witness señala que 2015 fue el año en que hubo mayor cantidad de asesinatos de ambientalistas en lo que va del siglo, con 185 muertes en todo el mundo. América Latina es la región donde se produjeron más asesinatos, con el 66%.

De un total de 16 países donde tuvieron lugar los crímenes, Brasil ocupa el primer lugar con 50 muertes, y le siguen otros países de la región como Colombia con 26 muertos, Perú y Nicaragua con 12, Guatemala con 10, Honduras con 8 y México con 4. El informe consigna otro dato significativo: el 40% de las víctimas fueron indígenas (ver gráfica más abajo). [2]

Según Global Witness, son los emprendimientos extractivos como la minería los que se relacionan con el mayor número de crímenes (42 casos), seguidos de los que se vinculan con las plantaciones agroindustriales a gran escala, con la extracción maderera legal e ilegal y con las presas hidroeléctricas.

Los asesinatos constituyen sólo una parte del amplio repertorio de violencia contra ecologistas, que incluye agresiones físicas, amenazas, daños contra sus propiedades, entre otros. En febrero de 2016 incluso acuchillaron al perro de Máxima Acuña, campesina peruana que defiende su tierra ante la empresa minera Yanacocha.

La violencia constituye un componente central de las estrategias extractivistas, la misma está dirigida por un lado a doblegar la resistencia de quienes impulsan protestas y adquieren algún tipo de liderazgo, y por otro lado a enviar un mensaje ejemplarizante a las comunidades: oponerse a los emprendimientos implica un riesgo de vida.

En los últimos tiempos, en la medida en que las fronteras extractivas avanzan sobre los territorios de las comunidades indígenas y campesinas, los episodios de violencia se repiten y alcanzan mayor gravedad. Por esta razón, desde CLAES se ha propuesto el término extrahecciones para referirse a los extractivismos que se hacen con violencia y violación de los derechos de las personas y la Naturaleza. De este modo, en el gradiente conformado por las diferentes formas de apropiación de los recursos naturales, la extrahección constituye el caso más agudo, en tanto es una imposición con violencia donde se quiebra el marco de derechos. [3]

Frente a estos hechos, algunos gobiernos han sido señalados como cómplices, no sólo por no ejercer la defensa de sus ciudadanos y ciudadanas sino también por desplegar sus fuerzas de seguridad contra las comunidades y por no avanzar en el esclarecimiento de los delitos y en los procesos judiciales contra los agresores.

En esa perspectiva, la lucha contra los emprendimientos extractivistas debe trascender lo local y alcanzar una escala regional. De otro modo, son escasas las posibilidades de que las comunidades logren hacer valer sus derechos frente a empresas transnacionales y a gobiernos con sus fuerzas de seguridad, sus medios de comunicación y su sistema de justicia.

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